Indicó que no hay "reproches" que hacer a estos contratos, destacó que "nada hay acreditado" e instó a la oposición a que "si hay algo que consideran irregular que lo denuncien"

Explicó que la empresa Saminsa, dedicada a tareas de limpieza y propiedad de Enrique Sánchez, lleva trabajando con la Comunidad de Madrid hace bastantes años y explicó que obtuvo 13 contratos en la etapa de Joaquín Leguina, 237 cuando Alberto Ruiz Gallardón era presidente regional y 14 con el Ejecutivo presidido por Esperanza Aguirre.

Afirmó que este contrato con Saminsa se realizó "cumpliendo escrupulosamente la legalidad, con total transparencia y objetividad, ajustado a los criterios técnicos establecidos por los servicios competentes y a las propuestas elevadas por la Mesas de Contratación, con publicidad y concurrencia".

Indicó que ese contrato se adjudicó en 2005 y que ya fue analizado en la comisión correspondiente de la Asamblea de Madrid sin que el entonces portavoz socialista de estos temas, Oscar Monterrubio, pusiese pega alguna.

Dijo que se dio a la mejor de las ofertas y señaló que ninguna de las empresas concursantes impugnó el contrato.

La diputada de IU Reyes Montiel destacó que Gonzálezse fue de viaje con este contratista, denunció que en los expedientes sobre este contrato faltan las ofertas de los licitadores y destacó que este contrato no está en el registro de contratos de la Comunidad de Madrid.

Puso en duda que Samimsa presentará la oferta económica y destacó que "los procedimientos estaban dirigidos" a que esta empresa fuese la ganadora del concurso.

La diputada socialistas Livia Castillo explicó que Gonzálezfue espiado cuando viajaba con el empresario Enrique Sánchez y preguntó al vicepresidente si "miraba con amabilidad técnica" las ofertas de las empresa de su amigo.

Respecto al contrato con otra empresa de Sánchez, Segurisa, para realizar los servicios de vigilancia y seguridad en las oficinas centrales y otras dependencias del Canal de Isabel II", Ignacio González afirmó que esta sociedad realiza esos trabajos desde 2001.

Tanto el viceconsejero como los portavoces del PSM e IU insistieron en los mismos argumentos que expusieron con ocasión del contrato de limpieza.

GOLF

En la citada comisión parlamentaria también se analizó el contrato de concesión de obra pública para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas del Canal de Isabel II, que fue adjudicada a Green Canal Golf.

El vicepresidente explicó que el 52% de esta sociedad pertenece al grupo ACS-Dragados, liderado por Florentino Pérez; el 24% a Soto Once, cuyos propietarios son Enrique y Andrés Monereo, y el otro 24% a Tecnoconcret, cuyo propietario en José Clemente, que es socio del hermano y del cuñado de González en otras empresas pero no en esta sociedad de gestión deportiva.

Aseguró que "en ninguna de estas empresas" han participado sus familiares y que la adjudicación, fechada en 2003 en el caso de las obras de las instalaciones y en 2006 la explotación de estas instalaciones deportivas del Canal de Isabel II,es "correcta" y dijo que, en la actualidad, el 100% de las acciones es del grupo ACS.

La diputada de IU Reyes Montiel dijo que falta documentación en el expediente sobre este contrato, lo que puede suponer que la concesión se dio a los familiares de Ignacio González. Dudó de la objetividad de las puntuaciones dadas a los demás ofertas para hacerse con esta obra pública y destacó que se valoró mejor a la empresa concesionaria.

FAMILIARES

Indicó que el hermano y el cuñado de González son socios de José Clemente en empresas de promoción de instalaciones deportivas y ahora controlan el 100% de Tecnoconcret, y señaló que es un concurso "bajo sospecha del que se benefician sus familiares".

La diputada socialista Livia Calderón manifestó que los familiares de González son promotores de este proyecto y aseguró que ACS no necesitaba para nada acudir a este concurso asociada a la empresa del socio del hermano y del cuñado del vicepresidente de la Comunidad de Madrid.

La sesión parlamentaria concluyó con la intervención de González, quien dijo que este contrato fue conocido por la oposición hace dos años y que, desde entonces hasta ahora,"no han podido decir nada, porque nada hay".

Asimismo, acusó a la oposición de "hacer política canallesca" por "echar porquería sobre el adversario, sin acreditar", y aseguró que, en ninguna de las tres sociedades de Green Canal Golf,hay familiares suyos.