Los asistentes salieron "satisfecos" de la primera reunión que mantiene González con el sector agrario al completo, ya que el presidente demostró su "sensibilidad y receptibilidad" ante el problema y expresó su oposición a la reforma que propone la Comisión Europea, que supone un arranque de viñedos de 340.000 hectáreas para el campo español.

Los miembros de la Mesa aseguraron que el problema del vino se ha convertido en un "tema de Estado", ya que el presidente les dijo que su impresión es que este asunto acabará finalmente siendo dbatido por los jefes de Estado de los países miembros en el Consejo Europeo.

Los representantes de organizaciones agrarias (ASAJA, UPA y COAG), cooperativas agrícolas, industrias vitivinícolas, sindicatos de trabajadores del campo (UGT y CCOO), e incluso de una organización ecologista, explicaron al presidente los perjuicios de la regulación propuesta por la UE para el empleo de 30.000 agricultores y otros tantos asalariados, así como sus efectos negativos en el terreno medioambiental.

La Mesa motró su desconfianza en que la devolución del texto de la OCM a la comisión para plantear una nueva redacción suponga una solución al problema, pues, a su juicio, en la política agrícola comunitaria se está privilegiando a los países del norte frente a los países del sur.

Del total de presupuesto comunitario para agricultura, el 43 por ciento se lo llevan los cultivos arables y el 33% la ganadería, mientras que el vino recibe sólo el 4 por ciento. Ahora la Comisión quiere reducir ese porcentaje al 1%. El presidente del Gobierno se mostró también favorable a que exista apoyo institucional a la campaña que prepara la Federación Española del Vino para fomentar el consumo de este producto con moderación, aprovechando las ayudas comunitarias que se prevén en la nueva regulación.