La futura norma sí establecerá condiciones para que los plazos pactados entre industriales y fabricantes se cumplan. Sin embargo, las principales dificultades que la Administración está encontrando para lograr un pacto entre las partes radican en la apertura en domingos y en la exigencia de un aval por parte de los fabricantes a partir de los 90 días de aplazamiento.

Estos quieren garantías para qu en el caso de que los hipermercados y otros distribuidores incumplan lo pactado puedan tener mecanismos que les permitan cobrar las mercancías entregadas.

Según Gómez Navarro, ya existe acuerdo para que las grandes superficies entreguen un documento que certifique la fecha de recepción de mercancías, y que a partir de cierto plazo garanticen el pago a través de una factura mercantilmente descontable (una letra, por ejemplo).

También hay consenso sobre el establecimiento de sanciones en caso de icumplimiento de los plazos pactados, y que los hipermercados entreguen sus cuentas auditadas al registro mercantil, como marca la ley, para que los fabricantes puedan conocer el riesgo de cada distribuidor.

Sin embargo, las grandes superficies no aceptan la fijación de un aval en caso de incumplimiento, ni tampoco están dispuestas a admitir limitaciones en las aperturas en domingo, limitaciones que ya existen a través de un decreto que desarrollan las comunidades autónomas.

Gómez Navarro justific esta norma ya que en su opinión los aplazamientos de pagos en España "son mucho mayores que en el resto de la CE".

El ministro, sin embargo, señaló como una dificultad para la regulación que pretende el ministerio que "cualquier medida que se haga se lleva por delante a las centrales de compra, con las que trabajan los pequeños comerciantes. Cualquier superficie comercial es más solvente que las centrales".

INCONSTITUCIONALIDAD

Javier Gómez Navarro también se refirió a la sentencia que declarainconstitucional la suscripción obligatoria a las cámaras de comercio y los pagos mensuales, en referencia a la ley de 1911 y al decreto de 1928 sobre estos temas. El ministro aseguró que si la sentencia fuera aplicable a la ley actual (de 1993), "podría tener consecuencias negativas".

El ministro no entró a valorar los fundamentos jurídicos del Tribunal Constitucional e indicó que todavía no conocía si la jurisprudencia de la sentencia podría afectar a la norma actual.