En relación a la información publicada hoy por "El Mundo", según la cual el Consejo de Ministros aprobó el pasado día 1 de marzo una resolución por la que se declaraban "secetas" todas las actuaciones contra ETA, Robles dijo en la Ser que "lo que se ha hecho es ratificar el contenido del acuerdo del Consejo de Ministros de 1986 en lo referente a la información", matizando que el resultado de las operaciones siempre se hará público.

En este sentido, explicó que "cuando se realiza una operación contra ETA todo el mundo conoce el alcance de la operación y nunca la acción por su propia naturaleza se podría declarar secreta". De este modo, subrayó, "las acciones, si se hacen,van a ser públicas".

La responsable de la lucha contraterrorista agregó que la resolución del Gobierno se ceñirá a todo cuanto ocurra en el futuro, sin incluir las operaciones contra ETA realizadas en el pasado. "Si alguien puede pensar que con esto el Gobierno pretende echar una capa sobre actuaciones del pasado no tiene ninguna razón de ser", indicó, para agregar que si al Gobierno que se forme ahora no le gusta el acuerdo adoptado, lo que tiene que hacer es derogarlo y aprobar uno nuevo.

Roble se amparó en el carácter de "secreto" del acuerdo adoptado para explicar por qué el Consejo de Ministros no facilitó información pública sobre el mismo, "pero la prueba de que no hay nada que ocultar es que estoy ahora explicando con todo detalle el contenido de dicho acuerdo que, a excepción de lo que he mencionado, recoge bien la noticia de 'El Mundo'".

Margarita Robles señaló su "sorpresa" por el tratamiento que se le ha dado a la decisión del Gobierno, porque, dijo, "esto existe desde el punto devista normativo desde 1986 y desde la vertiente operativa, siempre. Nadie, ningún periodista me ha preguntado quién es un confidente de la Policía, quién da una investigación, por eso me sorprende que a este acuerdo se le haya dado esta publicidad".

Por otra parte, Robles desveló que el acuerdo del pasado día 1 de marzo recogía otros aspectos, entre ellos la adquisición de nuevo material para la lucha contra el terrorismo, como vehículos, tanto para Madrid como para el País Vasco, sistemas de intercepación de comunicaciones, etcétera. "Lo que se pretende es reforzar los medios materiales de la gente que lucha contra el terrorismo pero respetando siempre el principio de legalidad que debe presidir cualquier actuación antiterrorista".