Estos convenios tienen por objeto impedir la discriminación entre los contribuyentes en la esfera internacional y ofrecer un elemento de seguridad jurídica y fiscal que favorezca los intercambios comerciales entre los dos países y facilite la cooperación entre las autoridades fiscales en el desempeño de sus funciones.

Afectarán a las personas residentes de uno o de ambos Estados respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio exigibles por cada uno de los Estados y sus subdivisiones políticas.

Contemplan también la imposición de las rentas inmobiliarias; beneficios empresariales, transporte marítimo y aéreo; empresas asociadas; dividendos, intereses; cánones; ganancias de capital; rentas del trabajo dependiente; participaciones de consejeros; artistas y deportistas; pensiones y anualidades; función pública; estudiantes y otras rentas.

También se refieren a la aplicación de criterios de no discriminación; al procedimiento amistoso en caso de discrepancia con la forma de aplicación del convenio; al intercambio de información entre las autoridades de los Estados contratantes; a la asistencia en la recaudación; a la no incidencia de las disposiciones del convenio en los privilegios de los miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares y a la limitación de los beneficios del convenio en determinados supuestos.