Esta advertencia fue formulada por sus respectivos consejeros de Hacienda, Ramón Espinar y Maciá Alavedra, al término de la reunión que celebraron hoy los titulares de esta cartera en las 17 comunidades autónomas con el ministro de Economía, Carlos Solchaga, y el de Administraciones Públicas, Juan Manuel Eguiagaray.

No obstante, la reunión sirvió parafijar la agenda de temas a negociar para sustituir el sistema de financiación autonómica vigente desde hace cinco años por otro nuevo, sobre la base admitida por todos de la actual Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Las manifestaciones realizadas por los ministros y los consejeros ante la prensa revelaron las grandes diferencias existentes entre las partes negociadoras sobre la manera de llevar a la práctica el principio de corresponsabilidad fiscal.

El Gobierno cetral, según explicó Solchaga, propuso la elaboración de una ley marco que habilite a las comunidades para establecer recargos, aunque sólo para aquellas que lo deseen. No ocultó, sin embargo, que a él le parece un buen mecanismo de corresponsabilidad.

Insinuó asimismo que la reforma del sistema no dará lugar ya a cambios sustanciales en el reparto de los recursos entre el Gobierno central y los regionales, al recordar que éstos últimos efectuaron el 23,9 por ciento del gasto público en 1990, muy cercadel 25 por cien presentado como modelo "cuasi federal" hace algunos años por los partidarios de la descentralización.

Recalcó también que las comunidades disfrutan ahora de una "suficiencia de recursos" comparable a la del Estado y que las dos partes deberán ponerse de acuerdo para cumplir las limitaciones sobre déficits presupuestarios impuestos por la CE.

A este respecto, Solchaga señaló que el déficit conjunto de las administraciones públicas podría representar a finales de 1991 el 3,5 por cieto del PIB, lo que exigirá un esfuerzo para reducirlo en 5 décimas (275.000 millones de pesetas) antes de llegar a la tercera fase de la unión económica europea.

LA SOLIDARIDAD

Junto con la "corresponsabilidad fiscal", la segunda gran "pata" del nuevo sistema de financiación autonómica, será la articulación de una política de solidaridad mediante el Fondo de Compensación Interterritorial y otro de nueva creación, denominado Fondo de Nivelación de Servicios Mínimos.

Este último, previsto en la LFCA pero nunca llevado a la práctica, financiaría unos níveles "mínimos" de los servicios que las partes negociadoras definan como "básicos". Solchaga reconoció que definir ambos conceptos "llevará tiempo".

Finalmente, el ministro dejó la puerta abierta a la participación de las comunidades en la Agencia Tributaria, que comenzará a funcionar el próximo mes de enero, y tampoco descartó totalmente la posibilidad de que algunas autonomías gestionen el IRPF.

DISCREPANCIAS

Por su parte, los consejers autonómicos que comparecieron ante los medios de comunicación pusieron de manifiesto las fuertes discrepancias que existen entre ellos y con el Gobierno central.

Incluso un consejero socialista, como el titular de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, adelantó que no piensan introducir ningún recargo sobre el IRPF en esta legislatura, posición explícitamente defendida también por el consejero catalán, Maciá Alavedra.

El consejero de Aragón, Santiago Lanzuela, del Partido Popular, clificó la reunión de hoy de "larga y poco fructífera" y acusó al Gobierno de negociar el nuevo sistema de financiación como si el proceso de transferencias a las comunidades hubiese concluido.

En términos muy distintos se expresó el consejero de Extremadura, el socialista Ramón Ropero, quien subrayó la utilidad del encuentro para fijar una agenda concreta de negociación y constatar el apoyo común a la LOFCA.

Los representantes del Gobierno central y los autonómicos volverán a reunirse el próximo ía 18, al igual que hoy en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. A esa reunión, Solchaga llevará un proyecto desarrollado de sistema de financiación, con la idea de llegar a un acuerdo antes de 1992.