Con fecha 1 de enero de 2006, este boletín del ministerio que dirige Jordi Sevilla contabilizaba 2.436.172 empleados de las Administraciones Públicas, de los que 1.223.129 pertenecían a las CCAA, es decir, el 50,1% del total.

En segundo lugar por volumen de personal figuran las administraciones locales (ayuntamientos y entidades provinciales), con 572.319 empleados (un 23,5% del total). A continuación vienen el Estado, con 546.716 (un 22,5%), y las Universidades, con 94.008 (3,9%).

PROCESO BIPARTITO

El proceso de descentralización abierto con la creación del Estado de las Autonomías ha sido impulsado con igual decisión por el PSOE y el PP cuando estos partidos han ocupado La Moncloa.

De hecho, la última gran oleada de traspasos de personal del Estado a las CCAA se produjo durante la etapa popular, entre 1996 y 2004, por el gran número de transferencias de sanidad y educación no universitaria realizadas, que tienen un gran arrastre de personal.

En la primera de esas fechas, cuando José María Aznar llegó al poder, había todavía un 45% de empleados del Estado, frente a un 30,3% de las CCAA. Cuando Aznar deja la Presidencia del Gobierno, las CCAA controlan ya casi el 49,5% de todo el personal de las Administraciones Públicas.

El Estado conserva ahora principalmente el personal que ha garantizado históricamente las funciones básicas de la soberanía nacional: policías, jueces, militares y recaudadores de impuestos. Estas cuatro instituciones (Policía y Guardia Civil, Fuerzas Armadas, Administración de Justicia y Agencia Tributaria) suponen la mitad del algo más de medio millón de empleados todavía sometidos a la disciplina estatal.

Actualmente, sólo la Comunidad de Madrid, aunque por poco y por la razón obvia de ser la sede de la capitalidad, cuenta con más empleados estatales que autonómicos, 159.265 frente a 148.797.

En Cataluña, cuyo presidente dijo recientemente que el Estado tendrá con el nuevo Estatut una fuerza presupuestaria "residual" en la comunidad, el personal del Estado ya tiene una presencia que es de menos de un octavo del total: 31.070 empleados (frente a 138.113 autonómicos y un total de 261.642).

Pero, aunque algo menor, la descentralización ha sido igualmente fuerte en regiones como Andalucía o Extremadura, gobernadas por socialistas que se han mostrado críticos con algunas posiciones ultra-autonomistas de Pasqual Maragall. En la Andalucía de Manuel Chaves hay 84.014 empleados del Estado frente a 242.467 autonómicos, y la Extremadura de Juan Carlos Rodríguez Ibarra contabiliza 13.338 de los primeros y 44.986 de los segundos.

En Navarra, feudo de UPN, partido socio del PP, dos de cada tres empleados públicos dependen del Gobierno regional, un nivel incluso superior al del País Vasco gobernado por los nacionalistas del PNV. Y en la Comunidad Valenciana del popular Francisco Camps, el porcentaje de empleados autonómicos sobre el total de empleo público es superior al de Cataluña.