La ley extiende su protección a todas las víctimas del terrorismo, tanto a las que tengan reconocido su derecho en virtud de sentencia firm, como a otros supuestos en los que no ocurre tal circunstancia.

Las indemnizaciones otorgadas al amparo de esta norma se concederán de una sola vez y comprenden los daños físicos y psícofísicos sufridos por las víctimas de actos terroristas acaecidos entre el 2 de enero de 1968 y la fecha de entrada en vigor de dicha Ley.

El crédito extraordinario, que tendrá carácter ampliable por las dificultades para determinar a priori el número total de beneficiarios, se financiará por deuda pública, de acurdo con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.