La diputada de IU Isaura Navarro acusa al Ejecutivo socialista de "lavarse las manos, dar carpetazo al asunto y ampararse en esta supuesta imposibilidad técnica para la anulación de la medalla" a Francisco José Hernando, constructor de la polémica urbanización de "El Quiñón", en la localidad toledana de Seseña.

En el escrito remitido a la Cámara, el Ejecutivo indica que, "dado que se trata de una decisión discrecional adoptada por el anterior Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, la responsabilidad política y la valoración que merezca la concesión de dicha medalla deberá ser atribuida, en todo caso, al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales que la otorgó".

"Así pues, el Gobierno, como no puede ser de otro modo en un Estado de Derecho, se halla sometido al imperio de la ley y, por tanto, sólo puede actuar en cumplimiento de los requerimientos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico", añade el Gobierno.

La respuesta del Ejecutivo argumenta que "la revisión de los actos administrativos no puede estar fundada en valoraciones éticas o políticas, sino en la estricta aplicación de las normas de nuestro ordenamiento jurídico".