En el acuerdo se combinan el derecho a la huelga de los trabajadores con los derechos fundamentales de los ciudadanos y se establece, en opinión de Luesma, un "beneficio de la ciudadanía", que sabe que estos servicios se cumplirán cuando se declare una huelga.

El acuerdo firmado hoy, que tiene una vigencia de un año ampliable hasta tres, contempla la creación de una Comisión de Garantías formada por cinco personas de reconocido prestgio profesional y que, en caso de desacuerdo entre la Administración y los sindicatos, deberá proponer al Gobierno un calendario de servicios. No obstante, la decisión final correspondería a la autoridad gubernativa.