El actual Gobierno Vasco, señala en un comunicado, heredero del Gobierno de Euskadi que presidieron sucesivamente José Antonio Agirre y Jesús Maria Leizaola, "reclama aquella parte de su documentación incautada ilegalmente y depositada hoy en Salamanca".

Subraya el Ejecutivo que presiden Juan José Ibarretxe que "no es toda la documentación del primer Gobierno Vasco, por suerte disponemos de los originales de aquellos documentos que nuestros antecesores pudieron poner a salvo en el exilio y que posteriormente han vuelto a nuestras manos".

En todo caso, agrega, el Gobierno español, "por razones de justicia histórica, de devolución de un botín de guerra, y por razones de oportunidad política, tenía que entregar los papeles de la Generalitat de Catalunya, y lo ha hecho, de lo cual nos alegramos. Siendo la ley igual para todos, por la misma causa y por las mismas razones debería y debe hacer lo mismo -sin necesidad, probablemente de reclamación - con los papeles del Gobierno Vasco".

Apunta que el fondo de Archivo del Gobierno Vasco de la República representa "no sólo a su administración, sino que, como tal, en una sociedad democrática como era la que se empezaba a dibujar en aquellos años, forma parte del patrimonio colectivo de la sociedad vasca actual, a la que el Gobierno Vasco representa".

"Aquellos documentos originales", agrega el comunicado, "sólo tienen sentido en su ubicación natural, que no es otra que el Centro de Patrimonio Documental del Gobierno Vasco (IRARGI) y en un futuro próximo, en el Archivo Nacional de Euskadi, que se construirá dentro de la presente legislatura".

El Gobierno de Euskadi de José Antonio Agirre y que tras su muerte presidió Jesús Maria de Leizaola, fue la primera institución de autogobierno que reunió a diferentes territorios de "Euskal Herria", derivada de la Constitución de la República de 1931 y del Estatuto de Autonomía vasco aprobado en referéndum en 1933. Su constitución fue refrendada por las Cortes de la República con la aprobación del Estatuto, en sesión celebrada el 1 de octubre de 1936.

En el acuerdo a que llegó hoy el Ejecutivo casco se destaca que, "por la dignidad y por el respeto que se merecen los miles de personas que murieron defendiendo la democracia, la legalidad y las instituciones legítimas, entre ellas el Gobierno Vasco, reivindicamos los documentos incautados".