En un escrito de siete páginas dirigido la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV, al que tuvo acceso Servimedia, el Ejecutivo de Vitoria reclama el sobreseimiento "a la mayor brevedad posible" de la querella planteada por el Foro Ermua al amparo de la decisión adoptada por el Tribunal Supremo de no admitir a trámite una querella similar contra el socialista Patxi López por otra reunión con Otegi.

El Gobierno vasco argumenta que del auto del Tribunal Supremo a favor de Patxi López "se deduce de una manera clara y precisa" que los hechos objeto de la querella contra Ibarretxe "carecen de relevancia jurídico-penal alguna y no son susceptibles de incardinarse ni en el tipo penal de desobediencia ni en ningún otro tipo penal".

El documento sostiene que la decisión del Tribunal Supremo en favor de Patxi López "marca una pauta para entender que no hay delito por hablar con todas las opciones ideológicas". "Ha quedado acreditado que la querella interpuesta contra el lehendakari carece de los necesarios elementos objetivos y subjetivo intencional de los ilícitos señalados por la parte querellante", afirma.

Además, aduce que la Sala Especial del Tribunal Supremo que decretó la ilegalización de Batasuna "no dio orden expresa y directa al lehendakari para que anulara la reunión" con Otegi pese a que tuvo gran publicidad en los días previos a través de los medios de comunicación.

El Gobierno vasco justifica la reunión con los representantes de Batasuna porque, pese a tratarse de un partido ilegal, el objetivo era "hablar, dialogar y conseguir construir, entre todos y con todos, un camino estable y definitivo para la consecución de la paz y la definitiva desaparición de la violencia".

Considera también que "el que Batasuna sea ilegal no convierte en ilegal, ni por supuesto en ilícita ni en delictiva, la conducta de aquel sujeto que se limita a la mera asistencia a reuniones o al trato con personas que habiendo pertenecido al partido ilegalizado siguen representando un planteamiento político".

Por eso, advierte de que "romper puentes y criminalizar el diálogo sería poco menos que facilitar la vuelta a una situación a la que nadie desea regresar, tan noble intento no debiera sino ser protegido y cuidado alejándolo de escenarios judiciales que en nada contribuyen al sosiego que precisa el nuevo contexto político y social" abierto desde el alto el fuego de ETA.

El Gobierno de Ajuria Enea agrega que actuar penalmente contra Ibarretxe limitaría el desarrollo de sus "compromisos" electorales y políticos con otros partidos para "adoptar cuantas acciones políticas fueran necesarias para afrontar un verdadero proceso de paz y de normalización política", lo que define como "dos de los ejes principales" de su programa.

Asimismo, da a entender que la supervisión de las actividades políticas del lehendakari debe ejercerse en el Parlamento de Vitoria por ser el "lugar adecuado para el control de los actos políticos del Gobierno".