El conflicto se remonta al 12 de agosto de este año, cuando el Gobierno presentó ante el Tribunal Constitucional un conflicto positivo de competencias, en el que solicitaba la suspensión del decreto sobre la modernización en la prestación del servicio público de Justicia, acordado entre el Ejecutivo vasco y las principales organizaciones sindicales de Euskadi.

El viceconsejero vasco de Justicia y losrepresentantes sindicales defendieron ante los diputados que su comunidad tiene transferidas las competencias sobre los funcionarios de Justicia, y que la modernización que acordaron los sindicatos y la consejería -experiencia, conocimientos técnicos y capacitación lingüística a cambio de hasta un 40 por ciento de incremento salarial- no queda al margen de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que insta al Ministerio de Justicia a que retire su demanda ante el Constitucional.

En declaraciones en os pasillos del Congreso, Iñaki Sánchez añadió que el acuerdo entre los sindicatos y el Gobierno de Euskadi no tiene nada que ver con "reivindicaciones autonómicas, ya que sólo es la ejecución de lo que habíamos pactado al negociar la transferencia".

Por su parte, el Ministerio de Justicia defiende que el decreto para modernizar la justicia en Euskadi vulnera las competencias que tiene transferidas la comunidad vasca. En realidad, y según los representaes vascos, lo que no quiere el ministerio es que e establezca un precedente discrimidador entre las condiciones laborales de los funcionarios de Justicia en función de la comunidad en la que trabajen, sobre todo en materia salarial.