A través de una declaración institucional difundida esta mañana, el Ejecutivo autonómico asegura que el TSJPV ha generado "un conflicto institucional de la máxima gravedad" al decidir que investigará si Ibarretxe desobedeció al Tribunal Supremo al reunirse con el partido de Otegi.

Esta causa tiene su origen en una querella que presentó el Foro Ermua y que, tras los consiguientes recursos, dará lugar a que el jefe del Gobierno vasco sea investigado sólo por la presunta comisión de un delito de desobediencia.

A este respecto, la declaración institucional difundida esta mañana sostiene que "no hay un solo argumento jurídico que avale" la decisión tomada por la Justicia vasca, ya que "toda la sociedad sabe que una reunión política no puede ser un delito".

DERECHOS "EN SUSPENSO"

"El fundamento del Tribunal es, por lo tanto, exclusivamente político", asegura el Gabinete de Ibarretxe, quien añade que "ante tal quiebra de la separación entre la política y el Poder Judicial, el Gobierno no va a transigir con esta situación".

Por este motivo, el Ejecutivo autonómico se refiere a que llevará a cabo "cuantas iniciativas sean precisas para rescatar el derecho del lehendakari a hacer política y superar el veto que algunos quieren imponer al diálogo entre representantes políticos de los ciudadanos con el fin de avanzar y construir la paz y la normalización política en nuestro país".

La declaración institucional añade que nos encontramos "ante una decisión del TSJPV que atenta directamente contra la división de poderes. Los derechos fundamentales del lehendakari para ejercer su acción política están rotos y en suspenso".