Para ello, el Ejecutivo se fundamenta en lo que afirmantres de los magistrados que han expresado que "se ha llevado a cabo una aplicación retroactiva de la ley, algo que prohíbe expresamente la Constitución", según informó en una nota el Gobierno que preside Juan José Ibarretxe.

En la rueda de prensa posterior al Consejo del Gobierno vasco de hoy, su portavoz, Miren Azkarate, afirmó que esta decisión supone en la práctica la eliminación de la redención de pena, "dificulta enormemente" las medidas de reinserción social y demuestra que la ley "no se aplica a todos por igual".

En su opinión, "el matiz político de la decisión ha quedado en evidencia" con las declaraciones del dirigente del PP, Ángel Acebes, al asegurar que la que la resolución del Alto Tribunal es un ejemplo de cómo debe funcionar el Pacto Antiterrorista y un fruto del mismo.