En el mismo acto, los responsables del Gobierno vasco y del CGPJ firmaron otro convenio para la formación de jueces y magistrados destinados en Euskadi, a través de congresos y seminarios, que establece las bases de un futuo acuerdo de cooperación entre ambos organismos.

Las actividades de formación de jueces y magistrados tratarán sobre materias relacionadas con el derecho foral y autonómico, derechos humanos y euskera.

El convenio de asistencia y orientación al detenido pretende facilitar información adecuada a los órganos oficiales que tengan que adoptar decisiones en relación con la situación jurídica de estas personas y proporcionar la conveniente asistencia para la superación de sus conflictos y para lograr s reinserción social.

El servicio, que será prestado en gestión directa por el mismo departamento de Justicia o mediante fórmulas concertadas, también contempla el posterior seguimiento de las acciones emprendidas, tanto en situación de libertad como de prisión provisional.

MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

Según el convenio, se dotará al servicio de los medios personales y materiales que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines, y se organizarán equipos para cubrir las necesidades de los rganos judiciales de la comunidad autónoma.

Los miembros del servicio ejercerán sus funciones profesionales bajo la dependencia del magistrado o juez titular del correspondiente órgano judicial.

Al notificarse al detenido la decisión adoptada sobre su libertad o prisión provisional, el juez le informará sobre la posibilidad de mantener una entrevista con el equipo y recibir las instrucciones del mismo, sin que su aceptación pueda modificar las decisiones relativas a su situación jurídica.

Lo miembros del equipo mantendrán una reserva absoluta sobre su actuación y se responsabilizarán de ejecutar un seguimiento en relación con la institución a la que hubiera sido derivado el detenido si es puesto en libertad y precisa de algún tratamiento, en cuyo caso se le facilitarán los contactos necesarios sobre los servicios existentes en cada momento.

El Gobierno vasco, por medio del departamento de Justicia, revisará todas estas actuaciones para garantizar la necesaria coordinación y evitar la infautilización de recursos y no entorpecer el normal desarrollo de las funciones judiciales.

El Consejo General del Poder Judicial, a su vez, asume los criterios de coordinación del servicio por los órganos judiciales, para evitar disfunciones o desigualdades en la administración de justicia.

Para estas actividades se crea una comisión mixta compuesta por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma Vasca, o un magistrado en quien delegue su representación, así como dos agistrados adscritos al Juzgado de Instrucción, tres representantes del Gobierno vasco y un técnico del departamento de Justicia, que actuará como secretario.