Mediante esta adaptación legislativa singular quedaría fijada dicha participación, con carácter general, en el 15% de la edificabilidad urbanística libre de cargas de urbanización.Actualmente, esta edificabilidad es, por ley, del 10%.

Ese incremento supone aumentar hasta en un 50% los beneficios que obtienen los consistorios por esta vía, y deberán ser destinados a la promoción de vivienda protegida o, en su defecto, a actuaciones de regeneración urbana, rehabilitación patrimonial o equipamientos para la comunidad.

El Gobierno vasco destaca que es una medida que abre a los municipios la posibilidad de incrementar los patrimonios públicos de suelo y se traduce en la patrimonialización a favor de los ayuntamientos de más suelo (de más parcelas urbanísticas) para hacer vivienda protegida.

El proyecto de ley será ahora remitido al Parlamento Vasco, con el fin de que pueda aprobarse antes de que finalice este año.