La disputa se ha originado como consecuencia del incremento de controles que la policía nacional ha acometido en Bilbao, sobre todo a partir del despliegue de la 'Ertzaintza' en esta ciudad, ocurrido el pasado 25 de octubre.

Un informe redactado por la 'Ertzaintza' revela que desde sa fecha "la policía nacional organiza una media diaria de cinco controles operativos, situación que contrasta con los dos coches patrulla que circulaban por las calles antes del despliegue".

El Ejecutivo autonómico ha transmitido su malestar al gobernador civil de Vizcaya, Daniel Arranz, con quien se han celebrado varias entrevistas, aunque desde el Gobierno vasco se reconoce que las cosas no van bien.

"Se quiere pensar que es un problema exclusivo de algunos mandos de Bilbao, pero existe la precupación de que el conflicto se extienda a otras zonas como San Sebastián", afirma el comunicado.

El departamento de Interior arguye que "la policía nacional no tiene competencias para hacer esos controles. La justificación para instalar esos controles la debe dar la 'Ertzaintza'".

Por su parte, el Gobierno Civil de Vizcaya manifiesta que los controles tienen por objeto poner en marcha medidas de autoprotección, en previsión de atentados terroristas. Con ese propósito claro, insisten en que los dspositivos no se han incrementado, ni cuantitativa ni cualitativamente, al tiempo que no se invaden competencias ajenas al no tratarse de temas relacionados con seguridad ciudadana.

El Gobierno Civil de Vizcaya cree injusto, además de inexacto, apelar a la responsabilidad exclusiva de los mandos de la policía, cuando es el propio gobernador el que autoriza y conoce todas las actuaciones.