En un comunicado, el citado departamento del Gobierno vasco considera "positivo" que el Ejecutivo central "haya decidido trabajar para sentar las bases de un nuevo pilar del Estado de bienestar", pero cree que el anteproyecto de la Ley de Dependencia "plantea una serie de dudas que será necesario resolver durante la tramitación de dicho texto legal".

Según el Ejecutivo de Euskadi, el anteproyecto "no aclara ni qué se va a financiar ni cómo", ya que "sólo se refiere a montos totales, sin especificar qué parte de la financiación corresponde al Gobierno central y cuál a las administraciones vascas".

Además, el Gobierno vasco aboga por una definición más amplia del concepto de dependencia, no limitándola en exclusiva a las personas mayores y a aquellas que padezcan discapacidades que les impidan valerse por sí mismas. "A modo de ejemplo", indica, "dentro del término de dependencia deberían entrar las personas con enfermedades mentales graves".