En concreto, el juzgado condena al Gobierno autonómico al pago de 10.000 euros por daños morales tras declarar que la administración autonómica vulneró derechos fundamentales de los médicos de la sanidad privada por el retraso en su vacunación respecto a los de la sanidad pública.

La Justicia estima así el recurso presentado por la institución médica contra la actuación de la Conselleria de Sanidad por no vacunar frente a la covid-19 a todos los médicos de la provincia que ejercen en el sector privados en las mismas condiciones que sus compañeros de la sanidad pública.