La nueva ley endurecerá las sanciones para los funcionarios que cometan iregularidades en la adjudicación de contratos de las administraciones públicas.

El proyecto también prevé que las epresas que participen en un acto irregular de adjudicación no puedan volver a contratar con las administraciones públicas.

Ambas medidas anti-corrupción fueron propuestas por el presidente del Gobierno, Felipe González, durante el último debate del "estado de la nación" que se celebró en el Congreso en marzo. El jefe del Ejecutivo se comprometió, asimismo, a revisar nuevamente el sistema de financiación de partidos y disminuir "severamente" los gastos electorales.

El pleno de la Cámara Baja aprob la pasada semana una proposición no de ley del CDS en la que se insta al Gobierno a que reforme en esta legislatura el régimen disciplinario de los funcionarios, para que se agraven las sanciones previstas "por falta grave o muy grave en la contratación de las administraciones públicas de obras, suministros y servicios".

En la exposición de motivos, la proposición no de ley del CDS señalaba que la "frecuencia preocupante" con que aparecen noticias sobre corrupción en la contratación pública aconsejanreforzar las sanciones por irregularidades en la vertiente administrativa.