Así lo explicó en rueda de prensa el director general del transporte por carretera, Juan Miguel Sánchez, en la sede del Ministerio de Fomento.

Sánchez indicó que se trata de un "conjunto de medidas muy potentes que van a satisfacer las necesidades que tiene en este momento el sector del transporte por carretera". No sólo el de mercancías, sino que también podría ser extensible al transporte por viajeros, añadió.

Desde el Ejecutivo, subrayó, se mantiene un "diálogo permanente" con el Comité Nacional del Transporte (CNT), organismo de representación e interlocución del sector con el Gobierno, porque este "conflicto" en el transporte "no es una situación buscada, sino sobrevenida a nivel mundial" que sume en una "seria dificultad" a los transportistas.

Sánchez dijo que es "comprensible" la queja por parte de los transportistas, pero que entiende que "el paro no es la solución" sino que "va a perjudicar más la situación".

El director general del transporte por carretera se declaró "optimista" y confiado en que "recapaciten" y el paro convocado por más colectivos de transportes para esta madrugada no siga adelante, sino que centren su "esfuerzo en la vía negociadora".

El problema, añadió, es que ha habido un "incremento exagerado, injusto, especulativo del petróleo que ha repercutido en un incremento insoportable de los precios en el sector". Una situación, dijo, que "se veía venir" y de ahí que desde octubre se busquen soluciones y, de forma "intensa", desde abril.

PLAN MEDIDAS

Con las medidas del Ejecutivo se pretende ayudar a los transportistas ante esta "situación de ajustes" derivada de trasladar la subida del precio del crudo a los costes, lo cual "no supone un repunte de inflación" para los ciudadanos. No irán por "exonerar" de impuestos a los transportistas, añadió.

Lo primero, dijo, será que sus precios se "acomoden" al precio del petróleo y luego aplicar otros como la revisión del régimen sancionador del transporte, la jubilación de los autónomos que estén en "edad avanzada" -para lo que hay dispuesto 55 millones de euros- y retoques en los contratos.

El Ejecutivo apuesta por una cláusula en los contratos que permita revisar los detalles del mismo ante los "vaivenes" del precio del gasóleo.