En función del acuerdo, Castilla y León gestionará la intermediación en el mercado de trabajo, la gestión y el control de las polticas de empleo, las comisiones provinciales de seguimiento de la contratación, el ejercicio de funciones relativas al cumplimiento de obligaciones de empresarios y trabajadores y la potestad sancionadora en materia de empleo.

Para cumplirlas, Castilla y León recibirá de la Administración central 655 trabajadores, las oficinas de empleo de la región y los centros nacionales de formación ocupacional de Salamanca, El Espinar (Segovia) y Valladolid, y 150 millones de pesetas para la construcción y rehabiitación de centros.

El coste del traspaso de las competencias en empleo es de 3.209 millones de pesetas. La Junta de Castilla y León gestionará los fondos que anualmente le transfiera el Inem para políticas activas de empleo, escuelas taller y casas de oficios, para lo que en el año actual habría recibido 10.000 millones de pesetas.