Estos reales decretos se aprueban tras los acuerdos alcanzados por la Comisión Mixta de Transferencias en su reunión del día 28 de diciembre de 1992.

En cuanto a la Formación Profesional Ocupacional, el real decreto recoge que quedan traspasaos a la Comunidad gallega las funciones y servicios, así como los bienes, derechos, obligaciones, personal y crédito presupuestario correspondientes, así como las funciones en materia de gestión de esta formación, que viene realizando el Instituto Nacional de Empleo (Inem).

Asimismo, se traspasa la ejecución del Plan Nacional de Formación Profesional e Inserción Profesional, la titularidad de los centros de Formación Profesional Ocupacional del Inem, la elaboración, aprobación y ejecucución de programs de inversiones, en coordinación con la política económica general de Estado y la expedición de títulos o certificados de profesionalidad.

La Administración del Estado se reserva, entre otras, las funciones de la aprobación del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, dónde se determinarán objetivos del Estado y su distribución por comunidades autónomas, los programas nacionales de Escuelas-Taller y Casas de Oficios y los contratos programas de ámbito estatal, excluído el ámbito territoria de Galicia.

También se reserva el Estado las funciones de homologación de centros colaboradores cuyas actuaciones se realicen en más de una comunidad autónoma y la gestión de los dos centros nacionales de Formación Profesional sitos en Vigo y Santiago de Compostela.

La valoración definitiva del coste efectivo que corresponde a los servicios traspasados a la Xunta de Galicia se eleva a 754.119.247 pesetas.

Respecto a la estiba y desestiba en puertos que no sean de interés general quedan trasasados a la comunidad gallega las funciones y servicios, así como los bienes, derechos, obligaciones, personal y créditos presupuestarios correspondientes a este servicio en los puertos de Corcubión y Laxe-Corme, en La Coruña, y Ribadeo, Burela, Cillero y Vivero, en Lugo.

La valoración del coste efectivo que corresponde a los servicios traspasados a la Xunta de Galicia se eleva a 4.386.337 pesetas.