Una sentencia de 30 de mayo de 2006 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró la nulidad de las Decisiones de la Unión Europea que daban soporte jurídico al Acuerdo, al considerar que las mismas se habían enmarcado dentro del "primer pilar" de la Unión y no dentro del "tercer pilar" (Justicia y Asuntos de Interior).

A consecuencia de ello, se iniciaron las negociaciones para concluir un nuevo Acuerdo, que cristalizaron en el que constituye el objeto del presente Asunto, firmado en Bruselas el 16 de octubre y en Washington el 19 de octubre de 2006.

Por su parte, el Gobierno español, considerando que el contenido del Acuerdo se enmarca en el ámbito de lo previsto en el artículo 94.1 de la Constitución Española, y de acuerdo con lo informado por la Asesoría Jurídica Internacional, ha formulado la siguiente declaración, que queda incorporada al texto del Acuerdo:

"Declaración de España con arreglo al artículo 24 del Tratado de la Unión Europea: Con arreglo al artículo 24 del Tratado de la Unión Europea, España declara que no estará vinculada por el 'Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre el tratamiento y la transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros por las compañías aéreas al Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos', en tanto no se cumplan las exigencias de su propio procedimiento constitucional, y ello sin perjuicio de la aplicación provisional prevista en la cláusula séptima del Acuerdo".