Esta iniciativa da respuesta a una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que condenaba a España por excluir a los militares del ámbito de aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

La directiva comunitaria es de aplicación plena al personal militar, aunque admite supuestos de "inaplicación" en casos excepcionales que requieran "la adopción de medidas indispensables para la protección de la vida, de la salud, así como de la seguridad colectiva", como por ejemplo una situación de guerra.

Según se indica en la respuesta parlamentaria, "el Gobierno ha elaborado ya un texto en tal sentido y está realizando las gestiones necesarias en orden a su posterior proceso parlamentario".

El Ejecutivo también indica que estas salvedades se aplican a policías y guardias civiles cuando su actividad sea "intrínsecamente incompatible con las aplicación de la normativa de prevención".

"Por ejemplo, no tendría sentido aplicar el derecho de los trabajadores a paralizar su actividad en caso de riesgo grave e inminente cuando ese trabajador es un policía que está actuando frente a un atraco", indica. "La asunción de un riesgo de esta naturaleza se permite en tales casos con el objetivo de servir a un fin superior, como es la defensa de la seguridad colectiva".