Esta nueva previsión retrasa ocho años el plazo que se fijó el Ejecutivo en la anterior edición de este informe que se presentó en el ejercicio 2005 y que lo establecía para 2015.

El hecho de que el horizonte temporal se haya ampliado se debe, según el Ministerio de Trabajo e Inmigración, al "crecimiento económico y del empleo" de los últimos años, así como a la incorporación de trabajadores extranjeros, las reformas realizadas y una gestión "eficiente" y "austera".

En cuanto al gasto en pensiones, el departamento que dirige Celestino Corbacho apunta que se mantendrá más o menos estable hasta el año 2020 y representará el 8,5% del PIB.

Con estas previsiones, el Gobierno afirma que el plazo de maniobra para consolidar una reforma del sistema de pensiones "se fija más allá de 2029", puesto que la mayor intensidad del proceso de envejecimiento de la población "se manifestará más allá de 2030".

El informe, que apunta que el Fondo de Reserva en el año 2023 equivaldrá al 6,5% del PIB, tiene en cuenta la incidencia de la crisis económica "que se mantedrá hasta mediados de 2009".

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