Con el real decreto que aprobará el Consejo de Ministros se eliminarán las trabas burocráticas y la complicada gestión administrativa que tenían que afrotar hasta ahora estos ciudadanos.

La supresión de la tarjeta de residencia se acordó en una declaración común que suscribieron en Marbella (Málaga), el 28 de julio de 2000, España, Italia, Alemania y Francia, sobre la libre circulación de personas en la UE.

Afecta a trabajadores, estudiantes, jubilados y pensionistas que hubieran cotizado en España, y a sus familiares, y no se aplicará a los inactivos comunitarios, a los turistas y a los miembros de familias de la UE que sean nacionales de tercers países.

De esta manera, España es el país pionero en poner en marcha esta medida, que en un futuro será aplicada también por otros países, como Francia, Alemania, Italia y Reino Unido.