Según informó hoy el Ejecutivo, los beneficiarios son, básicamente, los trabajadores comunitarios por cuenta propia o ajena, los estudiantes, los jubilados o pensionistas que hubieran cotizado en España y los familiares de todos estos colectivos.

Unicamente no se les aplicará a los inactivos comunitarios, turistas y a los miembros de lasfamilias de la Unión Europea que sean nacionales de terceros Estados.

Esta norma aprobada hoy por el Gobierno tiene su origen en los compromisos adquiridos en la Declaración Común suscrita en Marsella (Francia) el 28 de julio de 2000 por España, Francia, Alemania e Italia sobre libre circulación de personas.

ELIMINAR TRABAS

El titular del derecho, por tanto, podrá venir a nuestro país sin necesidad de realizar ningún tipo de gestión administrativa. Le bastará con tener el pasaporte en vigor o e documento nacional de identidad equivalente para, además, realizar cualquier gestión u operación ordinaria, como la compra de un inmueble, la expedición del permiso de circulación o una simple gestión bancaria.

Además, al residente comunitario le servirá el pasaporte o el documento nacional equivalente, tanto para participar en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo, como para su inclusión en el censo electoral.

Se trata con esta norma de impulsar la libre circulación de personas en erritorio común, haciendo más tangible el sentido de pertenencia a la ciudadanía europea, y de simplificar los requerimientos para el ejercicio de entrada, permanencia y trabajo.