Con dicha tranferencia se da cumplimiento a ls previsiones del acuerdo sobre Asistencia Religiosa Católica en Centros Hospitalarios Públicos, en el que el Estado se obliga a garantizar en todos los hospitales el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los internados.

Los gastos que dicha asistencia origina son financiados por el Estado, a través de la correspondiente dotación presupuestaria, transfiriendo las cantidades precisas a la Administración Sanitaria competente.