El decreto por el que se aprobó ese protocolo de intervención no cuenta, a juicio del Supremo, con los preceptivos informes de la Comisión Nacional de Protección Civil y el Consejo de Estado.

Con esa sentencia, el Tribunal Supremo da la razón al recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Gobierno vasco por considerar que esa norma invade sus competencias en materia de protección civil.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que la única respuesta es "acatar y respetar" la sentencia.

Precisó, no obstante, que la sentencia "no valora el fondo" de la norma que regula la actuación de la UME, sino que determina la anulación del protocolo "por un tema de forma".

Por ello, el Gobierno pretende "subsanar ese defecto de forma con la mayor rapidez posible, en la dirección que establece la sentencia", y nada más; "no hay nada más que modificar".

La vicepresidenta añadió que, mientras eso ocurre, la UME puede seguir actuando "si se solicita su intervención", como ocurre con cualquier otra unidad del Ejército o de las fuerzas de seguridad, en caso de emergencia o catástrofe.