Según argumenta el Gobierno, se rebajan las cuantías de las sanciones de multa, porque "eran totalmente desproporcionadas con respecto a las sanciones que otrosEstados miembros venían imponiendo por los mismos hechos".

El anteproyecto, presentado por el vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pedro Solbes, y por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, propone, por ejemplo, que el importe de las infracciones muy graves pase a ser de 6.001 a 30.000 euros (actualmente es de 90.001 a 600.000 euros), y el tiempo de suspensión de la licencia de actividad, de hasta cinco años o retirada (actualmente de cinco a diez años de suspensión).

En la misma línea, el texto quiere que el importe de las sanciones leves pase a ser de 300 hasta 600 euros (actualmente es de hasta 6.000 euros), y el de las graves, de 601 a 6.000 euros (actualmente es de 6.001 a 90.000 euros) y el tiempo de suspensión de la licencia de actividad, de hasta seis meses (actualmente de hasta cinco años).

Concretamente, el anteproyecto se refiere al régimen sancionador que se aplica a las personas físicas o jurídicas que, al realizar operaciones intracomunitarias (suministro, almacenamiento, fabricación, producción o distribución dentro de la Unión Europea) o extracomunitarias (importación, exportación o intermediación con terceros países) con determinadas sustancias que puedan desviarse para la fabricación ilícita de estupefacientes y psicotrópicos, cometan infracciones a las obligaciones exigidas al efecto por los reglamentos comunitarios.

TIPO DE INFRACCIONES

Las infracciones recogidas en el anteproyecto, son, sostiene el Gobierno, "muy similares" a las establecidas en la Ley de 10 de enero de 1996, que actualmente regula esta materia y que se deroga.