Hasta ahora, se han introducido algunas modificaciones con el fin de reducir los gastos electorales, mejorar el voto por correo, regular el derecho de sufragio al Parlamento Europeo de los ciudadanos de la Unión residentes en España, la revisión continua del censo electoral, el reconocimiento del derecho de sufragio en las elecciones municipales a los ciudadanos de la Unión Europea, la garantía del secreto de voto de las personas con discapacidad visual y la introducción de la presencia equilibrada de hombres y mujeres en las candidaturas.

El informe solicitado por el Gobierno viene motivado por las propuestas realizadas en los últimos años desde distintas fuerzas políticas, especialmente Izquierda Unida y Unión, Progreso y Democracia.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que las reformas a estudio pasan por crear una circunscripción exterior para las elecciones generales, regular por ley los debates electorales, incorporar las nuevas tecnologías al sistema de votación o ampliar el derecho de sufragio de los extranjeros.

También contempla la variación de las circunscripciones actuales, la posible utilización de listas abiertas y la designación de los alcaldes mediante un sistema de listas abiertas.

De la Vega explicó que el Gobierno es plenamente consciente de que el régimen electoral es una pieza clave del Estado constitucional, por lo que entiende que cualquier reforma de la legislación electoral sólo puede abordarse desde el máximo consenso entre todas las fuerzas políticas y dentro del marco constitucionalmente establecido.

Por ello, ha pedido al Consejo de Estado que estudie su compatibilidad con la Constitución, a efectos de incrementar la calidad democrática del sistema político y a facilitar el ejercicio del derecho de sufragio por los ciudadanos.