La firma de este acuerdo se realiza en el marco de la reunión de la Mesa General de la Función Pública, en la que están representadas la Administración y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, ELA-STV y CIGA.

El anteproyecto de Ley de Estatuto de la Función Pública, que deberá ser aprobado por elConsejo de Ministros y posteriormente debatido en el Parlamento, cuenta con el respaldo de los sindicatos UGT, CCOO y CSIF.

En declaraciones a Servimedia, Enrique Arnau, secretario de Acción Sindical de la Federación de Administración Pública de CCOO, aseguró que el Estatuto de la Función Pública "mejora lo que actualmente hay, porque ahora hay una regulación de la función pública española que no es muy conforme a lo que la Constitución mandata".

NEGOCIACION COLECTIVA

Para los sindicatos, uno d los aspectos más importantes de este Estatuto es que garantiza jurídicamente el derecho de los empleados públicos a la negociación colectiva, con lo que no se podrán romper unilateralmente acuerdos alcanzados entre la Administración y los sindicatos, como ocurrió con los suscritos con el PSOE para el período 1995-97.

De esta manera, según Arnau, "se avanza considerablemente en la regulación del derecho a la negociación colectiva, dándole un parecido mayor con lo que existe en el mundo privado y en elEstatuto de los Trabajadores, con las peculiaridades que las administraciones tienen, al no ser empresas de producción, sino de intereses generales".

Otro asunto importante, para Arnau, es que este Estatuto permite la convivencia pacífica de una regulación estatal de la función pública para todas las Administraciones Públicas con legislaciones públicas autonómicas y locales.

CARRERA ADMINISTRATIVA

Arnau destacó que otro de los logros de este Estatuto es que diseña, aunque debe concretarse posteiormente en las legislaciones propias, un modelo de carrera administrativa para los funcionarios, "sin necesidad de estar sujetos al permanente cambio del puesto de trabajo".

El anteproyecto de Ley del Estatuto incluye la posibilidad de llegar a acuerdos por encima de lo que establece la Ley de Presupuestos del Estado. También recoge procedimientos de mediación y arbitraje similares a los que existen en el sector privado y clarifica materias de negociación.

Además, limita la capacidad propia de ls administraciones públicas para organizarse en lo relativo a los aspectos laborales, ya que todos los asuntos laborales deberán negociarse con los sindicatos.