En la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso de los Diputados, el diputado socialista Miguel Ángel Heredia preguntó a Valcarce por el contenido del acuerdo alcanzado entre el ministerio y el CERMI sobre medidas para mejorar las oportunidades de empleo de este colectivo.

Después de una explicación, Valcarce concluyó que el objetivo de incorporar a las personas con discapacidad al mercado laboral "se está cumpliendo", y a ello está contribuyendo el apoyo de los servicios públicos de empleo y el régimen de subvenciones y bonificaciones a la contratación.

Explicó que en los Presupuestos para 2005 se incluyeron 507 millones de euros para fomentar el empleo de las personas con discapacidad, un incremento "muy notable", de algo más de seis millones y medio de euros, el 2,79 por ciento, respecto al 2004.

Las bonificaciones para este objetivo, añadió, se incrementaron un 9,8 por ciento de 2003 a 2004, y en 2005 el aumento es del diez por ciento, de 261 millones de euros.

A ello se une, precisó Valcarce, la eliminación de rigideces en los procedimientos. Por ejemplo, se ha simplificado y acortado el plazo para que los servicios públicos de empleo declaren la excepcionalidad alegada por las empresas en los supuestos de dificultad para contratar a trabajadores con discapacidad.

Además, esa declaración de excepcionalidad tiene un plazo de tres años, lo cual "facilita enormemente las cosas" a las empresas que contratan con otras y que tienen empleados discapacitados.

Otra de las medidas explicadas por Valcarce es que los importes mínimos de contratos mercantiles o civiles con centros especiales de empleo o con trabajadores autónomos con discapacidad tendrán consideración de donaciones de carácter monetario, "una ventaja para los empleadores".

Heredia subrayó en su intervención que el acuerdo alcanzado en octubre con el CERMI está dando "unos buenos resultados".

La pregunta de Heredia se vio salpicada por la disputa polémica con el PP, al denunciar que los diputados de este partido "exigen mucho" en el primer año de Gobierno socialista para impulsar la integración de las personas con discapacidad, "cuando tuvieron ocho años para hacerlo y nunca lo hicieron".