Según el Gobierno, tras la consulta de diversos informes de los servicios de seguridad e inteligencia españoles, se constató que en octubre de este año la realización por parte de Severo Moto de una serie de actividades de planificación y organización de actos violentos en Guinea Ecuatorial, incluyendo la recluta de mercenarios y el tráfico de armas.

Por su parte, los informes de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de la Abogacía del Estado en el Ministerio del Interior apuntan que las actividades del interesado se incluyen dentro de los supuestos de privación de la condición de asilado.

Esta revocación del asilo se debe a que, tras la constación de estos hechos, se incumplen los requisitos para dicha condición regulados en la que se establece que "el Gobierno podrá acordar la revocación del asilo, o de algunos o todos los beneficios previstos en el artículo 2 de esta Ley, cuando se incurra en alguna de las causas previstas en los Convenios Internacionales ratificados por España para la privación de la condición de refugiado o la no aplicación de los mismos".

Además, el citado precepto remite, con carácter general, a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, que prevé que no se apliquen los beneficios a aquellos refugiados que sean culpables de actos contrarios a las finalidades y principios de las Naciones Unidas.

Las disposiciones normativas de Naciones Unidas consideran actos contrarios a las finalidades y principios de la Organización los siguientes: el uso de la fuerza para proceder a un cambio de Gobierno o de régimen político; la utilización, el reclutamiento, la financiación y el adiestramiento de mercenarios, así como el tráfico ilícito de armas.