Fernández de la Vega compareció ante la Comisión Constitucional del Senado para exponer las líneas generales de actuación del Gobierno, y algunos grupos parlamentarios le reclamaron detalles sobre las medidas propuestas en esta materia.

Aunque no quiso dar detalles que corresponden al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunció la convocatoria de la Conferencia Sectorial y reiteró que el objetivo es propiciar un flujo regular y ordenado, y siempre acorde con las necesidades y posibilidades del mercado laboral.

En principio, sobre la mesa de esa Conferencia Sectorial debería estar la propuesta del Ministerio para fomentar el retorno a sus países de origen de los inmigrantes desempleados, y la adopción de la directiva europea sobre retorno y plazo posible de retención de inmigrantes.

La vicepresidenta anunció también que el 1 de julio finalizará el plan especial de implantación del DNI electrónico, que ya se expide en 190 de las 199 ciudades previstas.

Precisó asimismo en varias respuestas a los grupos parlamentarios, que antes de las vacaciones de verano el Gobierno enviará al Congreso de los Diputados varios proyectos relacionados con la modernización de la Justicia, y en el primer semestre de 2009 podría hacerlo también con el de la Ley Audiovisual.

En respuesta a demandas de los grupos, la vicepresidenta garantizó "absoluto consenso" en la posible reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), sobre la que el próximo día 27 de junio el Consejo de Ministros solicitará informe al Consejo de Estado.

El portavoz del PP, José Ferrández, reclamó precisión sobre la amplitud de esa reforma, y la vicepresidenta se remitió a los elementos contenidos en el programa electoral del PSOE, como el sistema de votación y la circunscripción exterior, la regulación de los debates, la implantación de las nuevas tecnologías o las garantías para los electores con alguna discapacidad.

Algunos partidos han propuesto reformas de calado del sistema electoral, como la eliminación de la barrera para obtener representación o la modificación de la circunscripción, que implicaría reforma constitucional. Sin dar detalles, esas propuestas "se pueden mirar", dijo la vicepresidenta.

Aunque no lo había mencionado en su intervención inicial, la vicepresidenta precisó que el Gobierno no ha renunciado a la reforma de la Constitución en los cuatro puntos concretos propuestos en la anterior legislatura, uno de ellos el Senado.

También en su respuesta al PP, la vicepresidenta garantizó que la posible reforma de la Ley de Libertad Religiosa respetará el ámbito de la Constitución y buscará, precisamente, incorporar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para garantizar la laicidad, es decir, la "no injerencia de ninguna religión en los asuntos públicos".