La nota del MAP señala que "el Presidente del Gobierno, a propuesta del Consejo de Ministros, ha formalizado el desestimiento al recurso de inconstitucionalidad en su día planteado respecto a la Ley del Parlamento Vasco 3/92, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del País Vasco".

El recurso de Inconstitucionalidad se planteó, según el MAP, por entenderse que la ley vasca regulaba cuestiones que corresponde regular al Estado o que, simplemente, excedían la competencia de l Comunidad Autónoma.

Dichos aspectos son: la posible ampliación del ámbito territorial en que el Derecho Civil foral debiera tener vigencia; la regulación de cuestiones relativas a la vecindad civil y, por tanto, a las personas sometidas a dicho derecho foral; la normativa sobre la presencia de testigos en los testamentos, y determinados aspectos propios de la legislación procesal.

El Gobierno al proponer el desistimiento -añade el MAP- ha valorado diversas cuestiones. En primer lugar, la jurisprdencia del Tribunal Constitucional que ha recaído con posterioridad al planteamiento del recurso.

En razón a dichos criterios -explica el MAP-, el Gobierno ha realizado una interpretación adecuada al marco constitucional de algunos aspectos del recurso, singularmente los concernientes al ámbito territorial, los testigos de los testamentos y la legislación procesal.

"Existen otros aspectos del recurso sobre los que la discrepancia competencial podría haberse mantenido, al no haberse esclarecido deinitivamente por la jurisprudencia y ser susceptible la ley vasca de diversas interpretaciones. En este caso se encuentra", añade el MAP, "la regulación sobre la vecindad civil, materia que corresponde regular al Estado porque determina las personas que se someten al derecho común o al foral en el ámbito de la propia Comunidad Autónoma".

"Sin embargo", concluye la nota del MAP, "el Gobierno ha valorado también en este punto, al proponer el desistimiento, las especiales peculiaridades de la Comunidad Atónoma del País Vasco en lo relativo a la foralidad, confiando en que la aplicación de la ley no menoscabe los derechos de las personas que se rigen por el derecho civil común en esa Comunidad Autónoma".