Rodríguez hizo estas consideraciones tras visitar el Ayuntamiento de Ciempozuelos (Madrid), donde se reunió con su alcaldesa, Raquel Jiménez, y asistió a la presentación de los proyectos de digitalización de este consistorio.

La portavoz fue preguntada porque el juez Llarena haya señalado que la eliminación del delito de sedición conlleva el riesgo que queden sin castigo acciones como las del ‘procés’. El magistrado hizo esta consideración en el auto en el elimina la sedición como causa para pedir la entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont, que seguirá siendo reclamado por malversación y desobediencia.

A este respecto, Rodríguez señaló que el Ejecutivo considera “que existen herramientas para poder perseguir esos hechos que se produjeron entonces”, en referencia al ‘procés’, y que sus responsables “tienen que responder ante la Justicia española”.

“ARMONIZAR” LA NORMATIVA

Apuntó que el auto de Llarena sobre Puigdemont supone que la actuación del expresidente catalán sigue teniendo un “reproche penal” y que quienes cometieron ilegalidades en el ‘procés’ “han de responder ante la Justicia española”.

Asimismo, se refirió a que, tras eliminarse el delito de sedición para homologar la legislación penal española con la europea, “ahora hay que dar la autonomía que tiene el Poder Judicial para aplicar las normas y las leyes”.

Señaló que la reforma de la sedición y la malversación tenía un “objetivo muy claro”, que era “armonizar” la normativa española con el “contexto europeo”. Sostuvo que el auto de Llarena de este jueves pone “en evidencia” lo que viene sosteniendo el Gobierno al respecto.

En cuanto a cómo respondería ahora el Gobierno si se pusiera en marcha otro ‘procés’, la portavoz respondió que la “mejor herramienta en política” es el diálogo. En todo caso, indicó que en la Constitución y el Código Penal hay “elementos suficientes” para hacer frente a otro eventual intento de secesión de Cataluña, como el artículo 155 de la Carta Magna.