Transición Ecológica salió así del paso a través de un comunicado después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, manifestara en el Centro de Coordinación de Emergencias en L'Eliana (Valencia) que el Gobierno no informó “de nada” sobre la DANA (depresión aislada en niveles altos), que ha causado al menos 95 personas muertas, sobre todo en Valencia.

Feijóo defendió al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, al señalar que “un presidente autonómico gestiona en función de la información que recibe” de “organismos con competencia exclusiva del Gobierno central”, como la Aemet y las confederaciones hidrográficas.

A este respecto, Transición Ecológica indicó que “el impacto de los fenómenos meteorológicos depende de la preparación para afrontarlos” y que la Aemet y las confederaciones hidrográficas “permiten hacer predicciones, pero son las autoridades competentes en materia de protección civil las responsables de evaluar las afecciones sobre la población y el entorno, de emitir los avisos que correspondan y de adoptar las medidas de protección más adecuadas en cada caso”.

“Una nevada o una tormenta no representa el mismo riesgo en una zona de alta montaña o en el centro de un área metropolitana. Aunque los avisos meteorológicos sean el mismo, las medidas adoptadas por Protección Civil serán diferentes”, añadió.

“ALERTAS FÍSICAS” Y “RIESGOS FÍSICOS”

El departamento dirigido por Teresa Ribera subrayó que la información meteorológica de la Aemet y de los caudales de los ríos a cargo de las confederaciones hidrográficas “se pone a disposición automáticamente, entre otras, de las autoridades competentes en materia de emergencia y protección civil”.

Recalcó que se trata de “alertas físicas que están a disposición de las autoridades de Protección Civil” y que “los riesgos físicos han de ser gestionados interpretados y respondidos por las autoridades competentes para proteger a la población”.

“La evaluación del peligro de una alerta corresponde a las administraciones autonómicas, puesto que el análisis concreto del riesgo se debe adaptar a múltiples factores (territoriales, urbanísticos, orográficos, etc.). Es decir, la administración territorial es la que debe evaluar si la alerta afecta a una zona poblada o no; si es una zona inundable o no; si la crecida es un río de caudal elevado o en uno pequeño, para poder proteger a la población”, explicó.

Transición Ecológica precisó que “lo que en ningún caso pueden hacer” tanto la Aemet como las confederaciones hidrográficas es “tomar las decisiones de gestión del riesgo que competen a protección civil”.

AVISOS DESDE EL 24 DE OCTUBRE

En este sentido, indicó que la Aemet ya informó de la DANA en el área levantina por primera vez el pasado jueves 24 de octubre y emitió después mensajes en redes sociales y notas informativas tanto el viernes como el sábado.

Además, el domingo emitió un “aviso especial de fenómenos adversos”, que mantuvo el lunes y el martes, cuando indicaba un “alto” grado de probabilidad de lluvias torrenciales, superior al 70%.

La Aemet ya aumentó el aviso naranja a rojo a las 7.31 horas del martes y a las 9.41 amplió esa consideración a toda la provincia de Valencia.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Júcar avisó a las 12.07 horas del martes de un aumento de caudal en la Rambla del Poyo, lo que motivó una alerta hidrológica que emitió la Generalitat Valenciana, en el que se advertía a la ciudadanía de "no acercarse a las riberas de los ríos y barrancos que puedan estar activos".

Por último, Transición Ecológica señaló que las administraciones territoriales también tienen a su disposición el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, una información precisa de carácter público y que sirve como instrumento para la prevención y la planificación de riesgos.