España recuerda a la Comisión que los mecanismos previos de autorización no son nuevos y que su aplicación no ha generado problema alguno, ni han merecido la atención de la Comisión o reproche de ningún tribunal, nacional o comunitario.

El Gobierno destaca que no se ha modificado el sistema vigente de recursos y que la garantía de control de la actividad administrativa por los tribunales es la misma que antes.

La carta argumenta que el real decreto ley respeta las libertades reconocidas en el Tratado de la Unión Europea. España recuerda que los Gobiernos de la UE pueden adoptarmedidas de defensa de los intereses estratégicos del sector de la energía por distintas razones, como por ejemplo el grado de propiedad pública de las empresas energéticas, significativo en los casos de Francia, Italia y Portugal.

Asimismo, en los casos en que la liberalización de los sectores energéticos sea más intensa, como en España, se pueden establecer medidas que protejan la garantía del suministro, la seguridad pública y la estabilidad financiera de las grandes empresas energéticas, dice el Gobierno.

Lo cual no significa que las medidas adoptadas por el Gobierno español sean contradictorias con el mantenimiento de los principios de libertad de establecimiento y libre circulación de capitales, tal y como confirman las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la UE a las que la carta hace referencia.

ARGUMENTOS

En la carta se explican con detalle las razones que justifican que el Gobierno de España haya decidido un sistema de autorización "ex ante" en vez de un sistema de autorización "a posteriori".

En primer lugar, dice el Ejecutivo, es el mismo criterio utilizado hasta la fecha y nunca puesto en entredicho por la Comisión Europea ni por los tribunales, españoles o comunitarios.

En segundo lugar, "es más respetuoso con la libertad de circulación de capitales y más garante de los intereses de las empresas adquirentes, ya que no deja la decisión de los poderes públicos a una fase posterior a la formalización de la operación, cuando se pueden haber comprometido decisiones y recursos financieros por parte de las empresas adquirentes".

En tercer lugar, es el sistema más adecuado para la protección de los intereses públicos, ya que podrían ponerse en peligro la seguridad pública y otros intereses a proteger si la operación de adquisición se lleva a cabo sin asegurarse previamente de que la empresa adquirente reúne todas las condiciones necesarias para desarrollar su actividad garantizando el buen cumplimiento de los objetivos energéticos nacionales.

En cuarto lugar, existen normas aplicadas en otros Estados miembros que son similares a las contenidas en el real decreto ley y sentencias del Tribunal de Justicia de la UE favorables a regímenes jurídicos parecidos.

Asimismo, el Gobierno de España se ha comprometido a apoyar y reforzar las iniciativas de la CE y de otros Estados miembros para avanzar en la elaboración y aplicación de la nueva política energética europea que permita satisfacer de forma coordinada y equilibrada los objetivos de seguridad, competitividad y sostenibilidad.