El pasado mes de octubre, los países que forman parte del Tratado alcanzaron un acuerdo en Madrid en relación al contenido del protocolo, después de un año de intensas negociaciones.

El documento contiene disposiciones sobre los principios medioambientales que deberán regir las actividades humanas en la Antártida y las formas de cooperación entre los Estados.

Asimismo, prohíbe cualquier actividad relacionada con los recursos minerales del "continente blanco", excpto aquellos que tengan fines científicos.

El acuerdo de Madrid también contempla la creación de un comité para la protección del medio antártico, designa las funciones de su competencia y los mecanismos de inspección.

Los anexos hacen referencia a la contaminación marina, la protección de la flora y la fauna, los procedimientos de medición del impacto medioambiental y la eliminación y tratamiento de residuos.

Trancurridos 50 años desde la fecha de entrada en vigor del protocolo, cualquiera e las partes consultivas puede solicitar la convocatoria de una conferencia para su revisión.

ENMIENDAS

No obstante, las modificaciones o enmiendas sólo podrán ser aprobadas si cuentan con el apoyo de, al menos, tres cuartas partes de los miembros consultivos.

De los 39 países que participan en el Tratado Antártico, 26 cuentan con la condición de consultivos: Alemania, Argentina, España, Australia, Bélgica, Brasil, República Democrática de Corea, Chile, China, Ecuador, Estados Unidos, Finlandia Francia, Italia, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suecia, Suráfrica, Unión Soviética, Uruguay, India y Japón.

Nuestro país pasó a ser miembro consultivo el 20 de septiembre de 1988 y en 1990 fue admitido como miembro de pleno derecho en el Comité Científico de Investigaciones sobre la Antártida.

La aceptación del protocolo por todas las partes retrasó durante más de un año su aprobación, ya que los intereses de los Estados que apoyaban las tesis proteccionistas cocaban con las de aquellos partidarios de no cerrar el camino a la explotación.

Mientras Francia, Italia y Australia defendían la declaración del continente como reserva natural, EE.UU., Gran Bretaña, Argentina y Chile preferían dejar abierta la posibilidad de explotar los recursos minerales de la Antártida. La polémica quedó finalmente zanjada con la imposición de una moratoria de 50 años.