De acuerdo con el texto del convenio, ambos países están obligados a conceder la extradición ecíproca de personas que tengan abierto un proceso judicial por delitos fiscales, atentados contra jefes de Estado y de Gobierno, terrorismo y crímenes de guerra, entre otras causas.

No obstante, no serán causas de extradición los delitos políticos, militares o por persecución basada en razón de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas.

Según fuentes del Ministerio del Portavoz del Gobierno, este tratado pretende subsanar las limitaciones técnicas del anterior convenio de extradición co el país sudamericano, que data de 1895, y del protocolo adicional de 1896.

El acuerdo actual sigue el modelo del convenio existente ya entre España y Argentina, que a su vez está inspirado en el Convenio Europeo y en la Ley de Extradición pasiva de 1895, y consta de un título sobre extradición, otro sobre asistencia judicial y 44 artículos.

Por otra parte, el Gobierno autorizó hoy la firma de un convenio de asistencia judicial en materia civil con Bulgaria para establecer una cooperación entre abos países en materia de derecho civil, de familia y mercantil.