Algunos de los aspectos más destacados de la normativa remitida al Congreso son la cláusula de actualización del precio de contrato en función del incremento del precio del gasóleo o la indemnización por paralización de los transportes de mercancías por carretera.

También contempla la regla conforme a la cual se remite la demora en el pago del precio del transporte a la ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Estas disposiciones tienen por finalidad reforzar la capacidad de negociación mercantil del sector del transporte.

También, por novedoso, destaca en el proyecto de ley la regulación de distintos aspectos de las prácticas existentes en el tráfico actual, tales como la carta de porte emitida electrónicamente, el transporte continuado y el transporte multimodal, así como la especificidad del contrato de mudanza.

Según el Gobierno, la futura Ley pondrá fin a la anacrónica situación actual, presidida todavía por la regulación decimonónica del Código de Comercio y, con ello, al alto grado de inseguridad jurídica que en la actualidad existe en esta materia, debido al desfase entre realidad y normativa del contrato de transporte.

Sin embargo, como regla general, se permite a las partes contratantes modificar lo dispuesto en las normas de esta futura Ley, siempre que se efectúe mediante pacto negociado individualmente o mediante condiciones generales que resulten más beneficiosas para el adherente y no se trate de normas imperativas, como es el caso de la responsabilidad del porteador.