El ateproyecto de Ley General de Telecomunicaciones tiene como finalidad "incorporar al ordenamiento español la nueva normativa sobre la materia aprobada por la Unión Europea en marzo de 2002, de obligatoria transposición en todos los Estados miembros".

De este modo, la nueva Ley General presenta 56 artículos, frente a los 85 de la Ley vigente. Además, los artículos son más cortos y precisos.

Entre las novedades que incluye el nuevo texto legislativo destaca una simplificación de los trámites adminisrativos para actuar como operador en el mercado, de manera que una persona física o entidad únicamente deberá comunicarlo con carácter previo a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). A partir de dicha notificación, podrá comenzar a prestar sus servicios o establecer su red.

La disminución de la intervención administrativa que supone la no necesidad de obtener una autorización previa a la actuación de los operadores en el mercado implica una mayor necesidad de aplicación estricta de u régimen sancionador. De este modo, se introducen infracciones como el incumplimiento de los límites de emisiones en las antenas radioeléctricas. Aparte de las sanciones económicas, se prevé la posible inhabilitación del operador que cometa una infracción y la retirada del mercado de equipos y aparatos que incumplan los requisitos esenciales.

Asimismo, establece que la CMT analice periódicamente los diversos mercados de telecomunicaciones, detectando los sectores en que no exista una competencia efectva.

Se mantiene la institución del "servicio universal" como conjunto mínimo de prestaciones que deben recibir todos los ciudadanos a un precio asequible, con independencia de su localización geográfica. Como novedad, la normativa comunitaria incluyó entre ellas el "acceso funcional a Internet", lo que ya se encuentra en vigor en España tras la aprobación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico de 11 de julio de 2002, y encuentra también su reflejo en este antproyecto.

Además, se eleva a rango legal determinados aspectos, como las tarifas especiales de servicio telefónico para personas con necesidades sociales o la garantía de posibilidad de elección de operador para los discapacitados.

La normativa comunitaria establece unas garantías de obligado cumplimiento por todas las Administraciones Públicas en sus relaciones con los operadores de telecomunicaciones, como es el derecho de los mismos a ocupar dominio público para el despliegue de sus redes.

En el anteproyecto se recogen los principios que deberán respetarse necesariamente, siempre dentro de la autonomía de las Administraciones en la gestión del dominio público de que son titulares. Entre ellos destaca el principio de publicidad de todas las normas que regulen la asignación del derecho de uso del dominio público a los operadores.

Para el Ejecutivo, este texto "aportará al sector una consolidación del mercado en libre competencia, una simplificación de trámites administrativos para los opradores y una mayor protección de los derechos de los usuarios y de las garantías de las empresas que actúen en el sector".