El Ejecutivo esgrime como argumentos la Constitución y la legislación española en materia deportiva, según la cual "las relaciones internacionales son atribución exclusiva del Estado" y "la faceta representativa de los intereses deportivos del Estado español, que es inherente a las competiciones internacionales, está atribuida a la Selección Nacional".

Añade que diversas sentencias del Tribunal Constitucional avalanesta doctrina, al determinar que "la pretendida asunción de representación internacional del deporte por las comunidades autónomas no es una simple medida dotada de cierta incidencia exterior, sino que supone la alteración de la competencia estatal en materia de relaciones internacionales".

El Constitucional señala también que "serán siempre las selecciones nacionales las que representan al deporte nacional, y las selecciones regionales, al deporte regional; en consecuencia, la participación en competciones deportivas internacionales de selecciones autonómicas sólo es posible siempre que, en dichas confrontaciones, no intervengan selecciones nacionales de otros países".