En el Día Mundial contra la pena de muerte, el Consejo de Ministros aprobó una declaración que expuso en la rueda de prensa posterior la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

"Hay que decirlo alto y claro, sin subterfugios ni paliativos", la pena de muerte es "incompatible con los derechos humanos", sentenció.

Por ello, el Gobierno pretende contribuir a su abolición universal desde las organizaciones internacionales y, concretamente, desde el Comité de Ministros del Consejo de Europa, que España presidirá desde el próximo mes de noviembre hasta mayo de 2009.

Durante ese periodo, se trabajará en tres líneas contra la pena de muerte: su erradicación en el ámbito del propio Consejo de Europa, propiciar que otras organizaciones internacionales adopten medidas similares, y apoyar la creación de una comisión internacional para su abolición.

"No podemos fracasar como civilización en este intento de terminar de una vez por todas con una forma inhumana y brutal de acabar con la vida humana", sentenció Fernández de la Vega.