Tres son los grandes pilares del Plan de Telecomunicaciones del Gobierno para el periodo 1995-97: la extensión absoluta del servicio telefónicotodo el territorio español, seguir estructurando las tarifas básicas de voz para hacerlas competir con las del resto de Europa -lo que supone una nueva subida de las tarifas urbanas- y el establecimiento de tasas de acceso para los operadores privados a la red ya existente.

Borrell insistió en que todos estos asepectos están interconectados, porque las tarifas urbanas siguen siendo deficitarias, a pesar de ser las más demandadas. Argumentó que, en 26 de las 50 provincias del país, el servicio básico s un negocio en pérdidas y el canon de acceso a la red para los privados puede ser una forma de financiar a Telefónica su obligación de prestar servicio en todas partes, sea rentable o no, a pesar de la competencia.

Este debate, dijo Borrell, deberá suscitarse antes del 1 de enero de 1998, como también la definición de cuáles son esos servicios básicos que deben ser garantizados para todo el mundo. Para ello se necesita tiempo, añadió, y por tanto no se procederá a adelantar la liberalización de las lamadas internacionales antes de esa fecha, como pedía el Tribunal de Defensa de la Competencia.

El Plan de Telecomunicaciones recoge otros aspectos junto al ajuste de precios y coste del servicio, como la regulación del cable y de las televisiones locales, nuevos sistemas de comunicación con los que se pretende impulsar la economía del país, ya que la primera incluye toda una infraestructura de cableado por la que se podrán servir datos, imágenes y sonidos simultáneamente.

El propio Borrell señal que estos proyectos harán que "las telecomunicaciones sigan estando de plena actualidad, porque el futuro viene por ahí".

Sin embargo, precisó que el camino para el desarrollo de las telecomunicaciones en España no estará exento de problemas, como el de las competencias respectivas de Administración central, autonómicas y locales que suscitará la gestión y control de estas infraestructuras, cuestiones que también exigen un amplio debate y tiempo, señaló.

Otro aspecto que el plan pretende dejar znjado en los próximos años es la liberalización de la infraestructura de telecomunicaciones, unas instalaciones, dijo, que son muy costosas y cuya rentabilidad dependerá de la demanda.

La extensión de estas tecnologías a regiones con baja densidad de población y renta desigual asciende, según un informe de Fundesco que citó Borrell, a más 500.000 millones de pesetas en algunos casos, y el ministro exige saber antes cómo y hasta dónde está dispuesto a llegar el país en este terreno.