Según señaló la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se estima que cada año se producen 35 millones de toneladas, de los que sólo se reutilizan un millón de toneladas. "Lo más preocupante", aseveró, es que se depositan 25 millones de toneladas en vertidos no controlados, siendo muchos de ellos potencialmente peligrosos.

El objetivo de la norma -"que estamos comprometidos a tener cuanto antes"-, precisó, es prevenir la generación de los residuos de construcción y demolición, fomentar la reutilización y el reciclado de los que se generen, así como otras formas de valorización, y asegurar que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado. "Todo ello con la finalidad de proteger la salud de las personas y el medio ambiente", aseveró.

Según la nueva normativa, los productores de estos residuos deberán incluir en el proyecto de la obra un plan de gestión de residuos de construcción y demolición que deberá contener una estimación de la cantidad, en toneladas y en metros cúbicos, de los desechos que se generarán. La obtención de licencias de construcción quedará condicionada a la existencia de una fianza, cuya devolución se efectuará si se cumple el plan de gestión.

En obras de demolición, reparación o reforma tendrán que hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, prever su retirada selectiva evitando su mezcla con residuos no peligrosos y asegurarse de que se envían a gestores autorizados.

FRENAR LA CONTAMINACIÓN Por otra parte, Cristina Narbona informó a las comunidades autónomas sobre la nueva línea de crédito que impulsarán el Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para ayudar a las PYMES a introducir tecnologías menos contaminantes.

El objetivo, explicó, es crear una línea de préstamos para las PYMES para la financiación de proyectos destinados a la mejora de sus instalaciones, con el objeto de reducir la contaminación atmosférica, prevenir el cambio climático y mejorar la gestión de los residuos.

Las PYMES podrán solicitar de financiación hasta el 80% de la inversión. Por su parte, el ICO se compromete a poner en el mercado 30 millones de euros, y el Ministerio de Medio Ambiente dispone de 500.000 euros para la subsidiación de intereses. La financiación máxima será de 500.000 euros, formalizados en una o varias operaciones.

"Con una subsidiación del ministerio esos préstamos podrán tener un tipo de interés que será del euribor más 0,25, unas condiciones financieras incluso mejores que las que ya está dando el ICO a las pequeñas y medianas empresas", señaló Narbona, que también explicó que las comunidades autónomas calificarán estos proyectos como requisito previo a la obtención del préstamo.

Por último, la Conferencia Sectorial abordó la futura puesta en marcha de un Plan Nacional de Adaptación al cambio climático, cuyo objetivo es avanzar en el conocimiento sobre los efectos del cambio climático. "El plan buscará perfeccionar y profundizar en los escenarios climáticos para España y definir los impactos en recursos hídricos, calidad de los suelos, en materia de salud y de agricultura", concluyó Narbona.