Desde el pasado 1 de enero, los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de contaminantes regulados están obligados a tener implantada una ZBE.

Siempre que se garantice el cumplimiento de los objetivos de mitigación del cambio climático, la norma permite el acceso excepcional de vehículos contaminantes por razones justificadas, como vehículos con los cuales se presten servicios públicos básicos, entre otros, servicios de emergencias o recogida de basuras.

La norma prevé también la necesidad de coordinación y cooperación permanentes entre administraciones, singularmente en los territorios insulares, áreas metropolitanas y en atención a la distribución urbana de mercancías.

Sin embargo, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) presentó el pasado 30 de enero una queja ante la Oficina de Atención a la Discapacidad (Oadis) -del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030- por considerar que el real decreto establece excepciones muy genéricas para el acceso, la circulación y el estacionamiento en las Zonas de Bajas Emisiones.

Por ello, propuso que se permita el acceso y la circulación de los vehículos “conducidos por o utilizados para trasladar a personas titulares de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, especialmente adaptados para ello o no, con independencia del domicilio de la persona titular, del motivo de movilidad y de su origen y destino”.

La Oadis abrió un expediente al respecto, al que tuvo acceso Servimedia, y trasladó esa queja al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que inicialmente no consideró necesario modificar el real decreto porque este deja en manos de los ayuntamientos aplicar las excepciones para entra en ZBE.

Igualmente, la queja llegó al Ministerio del Interior, que propuso modificar el real decreto en línea con lo solicitado por el Cermi, si bien precisó que el ministerio competente para ello es el de Transición Ecológica.

Representantes del Ministerio para la Transición Ecológica manifestaron esta misma semana a miembros del Cermi y de Oadis que trabajan en un cambio del real decreto, de forma que recoja como excepción a la prohibición de acceso a las ZBE a los vehículos que transporten o sean conducidos por titulares de la tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad.